Este martes se realizó una jornada de trabajo para abordar multidisciplinariamente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región de Magallanes. La actividad convocó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el programa Mi Abogado. Mediante este trabajo interinstitucional se espera poner en marcha el "Plan de Protección Magallanes", que facilitará la persecución efectiva y oportuna de este delito.
Refiriéndose a la convocatoria, Erick Amigo, director regional del Servicio de Protección Especializada, señaló: "La explotación sexual en la niñez y adolescencia no es un fenómeno nuevo en la región y su incidencia responde parcialmente a factores territoriales específicos como la densidad poblacional, clima y hábitos de los magallánicos. Si bien nuestro foco como institución está en el acompañamiento y reparación frente a una vulneración tan grave como ésta, también debemos aportar en su prevención y eventual persecución penal. Por eso estamos acá; para generar una respuesta concreta como Estado."
Refiriéndose a acciones específicas que se están ejecutando en el territorio, Camila Fernández, directora ejecutiva de la Fiscalía Regional, precisó que "el Ministerio Público ha definido como objetivo estratégico abordar este fenómeno delictual. Además de la cantidad de casos que se dan en Magallanes, resulta preocupante que haya personas que han sido víctimas de este ilícito en reiteradas ocasiones. Por ello, hemos creado un plan de persecución penal que trabajará de manera especializada el fenómeno, abordándolo también con perspectiva de género. Además del trabajo colaborativo que hagamos con el intersector, es preciso hacer un llamado a que la comunidad se involucre, pues estamos ante un fenómeno social, cultural y político, que nos compete a todos como ciudadanos".
Magallanes es la cuarta región en el país en sumarse a la iniciativa de formular un Plan de Protección. Relevando su importancia para Magallanes, el delegado presidencial, José Ruíz enfatizó que "ninguna institución por sí sola puede abarcar una problemática tan compleja como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Además de las instituciones públicas, es esencial un contacto permanente con la sociedad civil pues muchas iniciativas beneficiosas para la región surgen de la misma ciudadanía. Como estado estamos acompañando, coordinando y esperamos entregar resultados, para así garantizar un espacio seguro para los niños , niñas y adolescentes de Magallanes".
