- Medio: La Tercera
- Título original: Directora de Mejor Niñez y conflictos con fundaciones colaboradoras: "Tenemos que remirar los diseños de residencias, porque aquí no podemos decir 'no atendemos a esos niños'"
- Resumen: Durante las últimas semanas, distintas fundaciones colaboradoras del ex Sename han puesto término a sus convenios por problemas de sobrepoblación, falta de atención especializada y derivaciones de adolescentes infractores de la ley. Si bien Gabriela Muñoz señala que esto último está mandatado por Tribunales de Familia, asegura que han comenzado a coordinarse con nuevas organizaciones, además de capacitar al personal para evitar la reiteración de vulneraciones.
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Durante las últimas semanas el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename, conocido como Mejor Niñez) ha sido objeto de críticas. Primero, debido al término de los convenios con Fundación Pequeño Cottolengo, luego que esta acusara la derivación de jóvenes que no cumplían el perfil que atienden. Luego se sumó el cierre de una de las residencias de Ciudad del Niño, en Los Ángeles, por constantes transgresiones a la integridad física y síquica de niños y trabajadores.
Pero la directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, afirma que la derivación de estos jóvenes -y la atención ambulatoria correspondiente- es definida por los Tribunales de Familia y que ellos, como servicio, deben acatar. Eso sí, asegura también que están apuntando a capacitación de personal para evitar la reiteración de vulneraciones.
¿Cuáles son los desafíos que el servicio ha tenido con este sistema de derivación?
Tenemos que remirar los diseños de residencias, principalmente para mejorar el enfoque terapéutico, porque aquí no podemos decir "no atendemos a esos niños", ellos tienen medidas de protección determinadas por un Tribunal de Familia. También es un desafío para el Servicio de Reinserción Juvenil -o el Servicio Nacional de Menores- y que mejoren los programas ambulatorios. También tenemos que mejorar la formación de los equipos para dar una acogida más óptima a esa población. Y también significa una reorganización y transformación de las residencias, porque hemos tenido residencias, por ejemplo, de cero a 18 años. Esa población requiere un espacio de 14 a 18 años, pensado en adolescentes. Por eso hemos estado en distintos procesos de reconversión, también de residencias masivas, residencias más pequeñas, porque una trayectoria de daño también requiere un espacio más personalizado, atendiendo a 12 o 15 niños, y no 50.
Pero ese sobrecupo es el que hoy denuncian las fundaciones, además de la mezcla de niños, niñas y adolescentes (NNA) como en Pequeño Cottolengo...
Sí. Nosotros estamos transitando a residencias de nueve a 13 años y de 14 a 18 años. Y en población más pequeña estamos impulsando familias de acogida, y principalmente las residencias que están quedando son de cuatro a ocho años, pensando en niños que pueden tener alguna dificultad de salud. Pero nos pasa en algunos territorios que la oferta residencial es más pequeña. Hay regiones donde la oferta es pequeña y ahí efectivamente tienen que convivir adolescentes con menores. Pero cuando revisas la caracterización de los adolescentes que tienen mayor tema de consumo, de salud mental, están en las residencias de Administración Directa, diría que cerca del 100%. Pero nos pasa con algunos organismos colaboradores, como Niño y Patria, que sí han decidido dejar adolescentes y también ahí ya están organizados por la edad que señalan.
¿A qué responde que adolescentes infractores de ley tengan que convivir con NNA vulnerados o en otra situación social?
Los desajustes emocionales y conductuales siempre se van a presentar en los niños que tienen alguna vulneración de derechos. Es parte de lo que han vivido. Pero ahí la formación es uno de los elementos centrales que estamos abordando, para prevenir o anticipar esos desajustes. Obviamente, en una residencia donde viven 15 niños, esos desajustes producen una interrupción de su cotidianeidad. Ahí los elementos de formación son importantes. ¿Dónde tenemos mayores dificultades? En aquellas regiones que tienen menos residencias. Cuando tenemos menores posibilidades de derivar de acuerdo a características de los niños es una dificultad mayor y no lo quiero desconocer.
En reiteradas ocasiones usted ha dicho que esto obedece a una crisis heredada del Sename. ¿Cuándo comenzará a cambiar ese panorama?
Estamos en un trabajo súper intenso con la Subsecretaría de la Niñez. Al servicio ingresan 12 mil niños al mes, gravemente vulnerados en sus derechos. Eso, como país, tenemos que ser capaces de frenarlo. Entonces, las oficinas locales de la Niñez en todas las comunas del país que se instalarían en 2027, hoy la subsecretaría y el ministerio las adelantaron para 2025. También hemos estado rediseñando las ofertas ambulatorias. ¿Qué buscamos con eso? Instalar en septiembre el diagnóstico clínico especializado, que son adjudicaciones que estamos haciendo esta semana y la próxima para tener rápidamente dispositivos que puedan diagnosticar de mejor manera situaciones de vulneraciones.
Desde 2019 se han cerrado más de 25 residencias por sobrepoblación y falta de oferta especializada. ¿Qué pasa con los NNA que necesitan un lugar para recibir atención? ¿Dónde se van? ¿Cómo se les ayuda en el intermedio?
Es que cada vez que uno cierra una residencia se habla de un plan de cierre. Cuando hemos encontrado situaciones graves de vulneraciones de derechos, ahí sí provocamos un cierre inmediato. En general son procesos que uno realiza en tres meses, y lo que hacemos es analizar el diagnóstico y los planes de intervención de esos niños, actualizar lo que sea necesario y generar las derivaciones respectivas y mirar un proceso de retorno a sus familias, de revinculación, derivación a residencias o familias de acogida.
Pero pareciera que más que frenar la crisis, esta se ha ido acrecentando. En 2022 la Fundación Ciudad del Niño tuvo que cerrar la residencia en Los Ángeles por violencia y falta de seguridad entre los NNA.
La fundación no cerró la residencia abruptamente. Ciudad del Niño fue uno de los organismos colaboradores que declararon no sentirse preparados para trabajar con adolescentes con larga trayectoria de daño. Nosotros tenemos una agenda de trabajo con los organismos colaboradores, y dentro de los elementos que conversamos está la definición de hacia dónde van a caminar aquellos que trabajan con residencias. Como servicio no podemos prometer que no vamos a asignar cupos a adolescentes en otras residencias que manejan temas como salud mental, porque esa es parte de la caracterización de adolescentes que acogemos y vamos a seguir acogiendo. La trayectoria de daño, las vulneraciones reiteradas producen trauma complejo, de salud mental, de consumo... Entonces, lo que estamos haciendo es sincerar y decir, ¿qué organismos colaboradores sí están disponibles a trabajar con esta población? ¿Quiénes no? ¿Quiénes, a lo mejor, deben transitar a familias de acogida? Esa planificación es importante.
El 2 de agosto, el Juzgado de Familia de Los Ángeles afirmó que desde el cierre de Ciudad del Niño, "Mejor Niñez no ha dado una solución satisfactoria respecto del traslado de niños a una residencia que cubra sus necesidades". ¿Es así?
En el caso de Los Ángeles nos demoramos más de lo que Ciudad del Niño quiere. Ellos querían cerrar en enero de este año y el servicio pidió que se aplazara hasta agosto, porque estábamos con dificultades para cerrar por problemas de derivación en Los Ángeles y Concepción.
¿Qué medidas tomarán para que no se produzcan ataques a trabajadores y más vulneración a los jóvenes?
Hoy día nos encontramos hablando con Pequeño Cottolengo en una mesa técnica que vamos a convocar y vamos a sumar expertos en discapacidad. Ellos afirman que quieren trabajar sólo con población más dependiente y no con desajustes emocionales tan conductuales. Pero esa población de discapacidad también presenta esas manifestaciones. Nosotros no podemos decir 'no acogemos a esa población', sino que es cómo nos organizamos para quienes estén dispuestos a formarse, a capacitarse. Para eso, desde el año pasado trabajamos con una inversión de $ 2.400 millones que sólo se dedican a la formación de equipos. Si no realizamos formación, no vamos a lograr erradicar prácticas que hay que erradicar.
Para dar solución, el servicio ha cerrado centros masivos y ha impulsado familias de acogida. ¿Cómo asegurar que en estas no sucedan situaciones de vulneración?
Impulsar familias de acogida tiene justamente el desafío que señalas, que es lograr contar primero con familias que pasen por procesos de evaluación formativa, un modelo nuevo que estamos implementando en Chile. Además de pasar por evaluaciones, ahora también pasan por formación, de tal manera que estén mejor preparadas para acoger o adoptar. Pero sí tenemos un desafío profundo que tiene que ver con la formación de los equipos y también con la supervisión del trabajo que se hace en los territorios.
Hace unas semanas se conoció la historia de tres hermanos que escaparon para no ser separados en residencias de Mejor Niñez. ¿El servicio ha evaluado replantear esta medida de separación?
Primero tratamos de impulsar y cumplir para que los hermanos siempre permanezcan juntos, algo que se dijo a propósito de ese caso. Nosotros tenemos residencias que nos permiten cumplir aquello. Lo que nos gustaría, más que tener que anunciarle a un niño que cambie de familia de acogida, es ofrecer una familia externa que esté disponible a acoger hermanos de distintas edades. Creo que aquí faltó el criterio para comunicarles a esos niños de buena manera, pero lineamientos y estándares hay.
